Por qué España no responde a Marruecos: anatomía asimetría administrada

1. La pregunta correcta

El primer capítulo de esta serie analizaba la posición defensiva española frente a un escenario de ciberguerra con vector marroquí. La conclusión técnica era clara: España está formalmente preparada para escenarios de ataque convencional, mediocremente preparada para zona gris sostenida, y opera en un entorno donde Marruecos ha demostrado capacidad real de penetración hasta el núcleo del Estado.

Lo que aquel capítulo dejó pendiente es la pregunta política que toda audiencia ejecutiva acaba haciéndose tras leer los hechos: si las herramientas existen, ¿por qué no se usan?

La respuesta fácil es "servilismo", "complicidad" o "corrupción". Las tres son insuficientes analíticamente. Son etiquetas morales que cierran el debate antes de empezarlo. La respuesta seria exige separar lo que cualquier gobierno español enfrentaría de lo que es decisión política específica del momento.

2. Los hechos que toda explicación debe encajar

Mayo de 2021. Marruecos infecta con Pegasus el dispositivo del presidente del Gobierno español. Lo mismo ocurre con los terminales de la ministra de Defensa, el ministro del Interior y la entonces ministra de Asuntos Exteriores. La técnica es zero-click; la huella forense coincide con la de operaciones marroquíes documentadas previamente contra periodistas críticos del régimen.

Marzo de 2022. Pedro Sánchez remite una carta a Mohamed VI calificando el plan marroquí de autonomía sobre el Sáhara Occidental como la "base más seria, realista y creíble" para resolver el contencioso. Es un giro de 180 grados respecto a la posición histórica española.

Abril de 2022. El periodista Ignacio Cembrero destapa públicamente el espionaje masivo. Citizen Lab y Amnistía Tech confirman técnicamente la atribución a Marruecos. Mayo de 2022: la directora del CNI, Paz Esteban, es destituida pocos días después de comparecer ante la Comisión de Gastos Reservados del Congreso, donde admitió que Marruecos espía a España.

2022-2026. Ningún agente marroquí es expulsado formalmente por el caso Pegasus. Ninguna sanción individual europea se impulsa desde Madrid. La cooperación bilateral se intensifica. La posición sobre el Sáhara se mantiene. Cualquier marco explicativo tiene que encajar simultáneamente con todos estos hechos.

3. Factores estructurales: lo que cualquier gobierno enfrentaría

Asimetría geográfica. España es el único país europeo con frontera terrestre con África a través de Ceuta y Melilla y con dieciséis kilómetros de Estrecho como principal corredor migratorio del continente. Marruecos puede activar tres palancas que ninguna otra cancillería europea tiene que considerar: presión migratoria masiva controlada (mayo de 2021 fue ensayo, no excepción), hostigamiento sobre los enclaves y presión sobre el espacio aéreo y marítimo.

Dependencia operativa antiterrorista. La DGST marroquí ha aportado información que ha permitido desarticular células yihadistas en territorio español de forma recurrente desde 2004. Esa cooperación es operativa y verificable. Romperla tiene coste de seguridad inmediato y Marruecos lo sabe.

Cobertura estadounidense a Marruecos. Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara en 2020. Biden no revirtió la decisión. Marruecos hospeda los ejercicios African Lion y es socio preferente de AFRICOM. En julio de 2024 Francia se alineó explícitamente con Rabat sobre el Sáhara, dejando a España sin compañía europea de peso.

Exposición económica directa. CaixaBank vía Bank of Africa, Telefónica, Inditex, constructoras optando al Mundial 2030, agroalimentarias dependientes de acuerdos preferenciales. Decenas de miles de empleos vinculados. Marruecos no necesita represalias formales para imponer costes: puede entorpecer licencias y crear fricción regulatoria selectiva.

Mundial 2030 compartido. La candidatura conjunta España-Portugal-Marruecos genera interdependencia diplomática hasta el evento. Cualquier crisis bilateral severa se convierte automáticamente en crisis del torneo, con visibilidad internacional permanente.

Marco legal interno débil. La Ley de Secretos Oficiales sigue siendo de 1968. La Comisión de Gastos Reservados opera a puerta cerrada y sus conclusiones rara vez producen consecuencias políticas. El Ejecutivo gestiona la relación con Marruecos sin rendición de cuentas efectiva, lo que reduce el incentivo a forzar cambios de política.

4. Factores políticos: lo que es elección, no destino

Cálculo coste-beneficio del giro saharaui. La carta de marzo de 2022 obtuvo contrapartidas reales: reapertura de aduanas comerciales en Ceuta y Melilla, reactivación de la cooperación migratoria, normalización diplomática plena. Para el Gobierno fue intercambio. Que fuera ventajoso o no es discusión legítima.

Coincidencia de calendario con Pegasus. Infección en mayo 2021, giro saharaui en marzo 2022, destape en abril 2022, destitución de la directora del CNI en mayo 2022. La hipótesis de que Marruecos extrajera durante esos diez meses material que condicionara la decisión es plausible y la han planteado periodistas serios. No está probada con fuentes abiertas, pero tampoco se ha desmentido con investigación pública.

Personalización de la política exterior magrebí. La toma de decisiones se ha concentrado en muy pocas manos del Ejecutivo. El Ministerio de Asuntos Exteriores tradicional ha tenido peso decreciente. No es servilismo en sentido literal: es concentración decisoria sin contrapesos. Pero produce efectos parecidos.

Aversión al ruido bilateral en gobiernos con debilidad parlamentaria. Un gobierno con mayoría frágil tiene incentivo a evitar crisis exteriores que abran flancos políticos. Marruecos lee esto con precisión y ajusta su presión en consecuencia.

Asimetría informativa interna. El Ejecutivo conoce datos de inteligencia que el Parlamento, los medios y la opinión pública no conocen. La opacidad protege tanto al buen gestor como al malo, y el incentivo institucional empuja a mantenerla.

Inercia institucional y miedo a la represalia. Los servicios saben que Marruecos sigue teniendo capacidad operativa en territorio español. La pregunta institucional no es solo "qué podemos hacer" sino "qué nos pueden hacer si actuamos". Cuanto más tiempo se evita la confrontación, mayor es la información acumulada por Rabat y mayor el coste futuro.

5. La pregunta incómoda

Combinando los doce factores anteriores, la imagen que emerge no es de servilismo sino de algo más difícil de digerir: una gestión de riesgo deliberada donde el Ejecutivo ha calculado, con o sin razón, que el coste de la confrontación supera al coste de la concesión.

Esa elección beneficia a Marruecos de forma desproporcionada. Y la beneficia precisamente porque ha funcionado: Rabat ha aprendido que la presión sobre Madrid produce resultados, y por tanto la mantiene y la perfecciona.

Si Marruecos considerara cerrada con éxito su operación contra España, dejaría de invertir recursos. No lo hace. Sigue habiendo agentes activos, monitorización técnica, capacidad ofensiva preparada e intentos documentados contra disidentes en suelo español.

Lo que está en marcha no es un episodio cerrado en 2022. Es una relación estructural de subordinación informativa que Rabat administra con paciencia. El kompromat, una vez establecido, no se gasta: se conserva como activo permanente.

6. Por qué romperla es difícil

Romper esa asimetría requeriría un consenso de Estado que hoy no existe. No por servilismo individual, sino por incapacidad sistémica para construir consensos de política exterior, agravada por la concentración decisoria del Ejecutivo, el miedo institucional al coste inmediato de cualquier ruptura, la polarización doméstica y la ausencia de cultura estratégica de largo plazo.

A esto se añade un factor difícil de tratar: el coste personal y profesional para quien proponga la ruptura. En un sistema con servicios extranjeros activos en territorio nacional, el político que impulse medidas duras se expone a operaciones reputacionales, filtraciones selectivas y hostigamiento jurídico. La incentiva-disuasión opera incluso antes de que se formule la propuesta.

7. Lo que esto significa para la audiencia profesional

Para directivos y consejos de administración. La política exterior española hacia Marruecos no va a cambiar significativamente a corto plazo. La cobertura institucional para empresas con exposición a Marruecos no será robusta en caso de crisis bilateral. La protección operativa la tiene que asumir cada compañía: diligencia debida sobre socios marroquíes, gestión de talento expatriado, segmentación de información sensible y planes de contingencia.

Para profesionales de seguridad e inteligencia privada. Existe un mercado claro y creciente para servicios que el Estado no quiere o no puede ofrecer: análisis OSINT independiente sobre actores marroquíes, protección de directivos con exposición personal, formación en contraespionaje empresarial, auditorías técnicas frente a spyware comercial.

Para periodistas y observadores. El espacio para investigación independiente es mayor que nunca, precisamente porque las vías oficiales están bloqueadas. Cada filtración sobre patrimonio del Majzén en Europa, cada documentación de operaciones contra disidentes en suelo español, contribuye a alterar el equilibrio.

8. Cierre analítico

La inacción española frente a Marruecos no es un misterio. Es una elección coherente con el estado actual de la política española y con la posición geográfica del país. Tiene factores estructurales reales que cualquier gobierno enfrentaría y factores políticos específicos que serían susceptibles de cambio si existiera la voluntad.

Lo que no es sostenible analíticamente es presentar la elección como inevitable. No lo es. Es una decisión renovada cada día por inacción, y cada día que se renueva consolida la asimetría que la justifica. La trampa es perfecta: cuanto más se aplaza la respuesta, mayor es el coste futuro y menor la voluntad presente.

El tercer y último capítulo de esta serie aborda precisamente la pregunta que este diagnóstico deja abierta: qué medidas concretas, legales y operativamente viables podría aplicar España para revertir la asimetría sin asumir costes desproporcionados.